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Profesor Ricardo Rivas

Presentación: Periodista. Vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales (UNAC)

Poco más de dos siglos y medio atrás –el 2 de diciembre de 1766, aunque algunos historiadores sostienen que fue en 1776- en Suecia, se promulgó la primera ley de libertad de información de la que se tenga registro en la historia universal. Aquella fue la “Ley de Libertad de Prensa y Expresión y del Derecho a Acceso a Documentos Públicos”, que fue el resultado de los esfuerzos realizados para alcanzar ese objetivo por el sacerdote sueco-finlandés Anders Chydenius, quien además era tabernero, diputado, economista y viajero incansable. La llamó “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas”.

Casi un cuarto de siglo más tarde, en la Asamblea Nacional, en Francia, los representantes del pueblo francés, declaran que “la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos”. De aquella reflexión, emergió la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Desde entonces, se reconoce que “la sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público por su administración”.

El hito siguiente se concretó 200 años más tarde desde la ley sueco-finlandesa. Es el Acta para la Libertad de Información, de 1966, en los Estados Unidos, que fue mejorada en el transcurso de la década de los años ’70, como consecuencia del caso que se conoce como “Los Papeles del Pentágono” (que recientemente dio lugar a la película “The Post”) y del “Escándalo de Watergate”, investigado y publicado por los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, en el diario The Washington Post.

Cuando ésta última información se hizo pública, Richard Nixon, 37° presidente norteamericano –para evitar ser destituido- renunció a su cargo. Estocolmo, París, Washington, entonces, es el recorrido que en dos siglos transitó la sociedad civil para alcanzar el ejercicio pleno de un derecho que, sin embargo, en aquel año, sólo podía ser ejercido por unos 255 millones de habitantes cuando la población global se estimaba en unos 3.394 millones. Claramente, en la lógica de la bipolaridad emergente del fin de la Guerra Mundial II y pese a que los triunfadores en aquel conflicto bélico se autodenominaban como líderes del “mundo libre”, el secreto de Estado, era un objetivo de mucho mayor relevancia que el de la una democracia extendida, para todos y todas, con acceso pleno a la información. En la segunda década del siglo 21 la situación cambia positivamente.

El avance de la sociedad civil sobre el secretismo de Estado es notable. La UNESCO, junto con otras agencias multilaterales del sistema de Naciones Unidas, desde muchas décadas trabaja intensamente en el diseño de políticas públicas para que el acceso a la información pública deje de ser un objetivo a alcanzar. El periodista Bill Orme, en un trabajo que desarrolló para UNESCO, al igual que un reciente reporte de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina y el Caribe), dan cuenta que aún cinco países del área –Cuba, Haití, Surinam, Venezuela y Bolivia- carecen de leyes de acceso a la información pública que son esenciales para la plena vigencia del Estado Democrático de Derecho en orden a los estándares internacionales.

Sin dudas, queda mucho trabajo por hacer. Es necesario asumir la democracia y la libertad como dos asuntos pendientes, porque –siempre- es posible construir sociedades más libres y más democráticas. Recientemente, uno de los más relevantes pensadores del siglo 20 –aunque no sería un error expresar de dos siglos- Edgar Morin, en un MOOC que dictó y dirigió desde París junto con UNESCO, a partir de su propia producción bibliográfica que vinculó con los contenidos de la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), fue claro y contundente. Sostuvo, enfáticamente, que “no puede haber reforma política sin reforma del pensamiento político, lo que presupone una reforma del pensamiento mismo, lo que presupone una reforma de la educación, lo que presupone una reforma política (porque) no hay reforma económica y social sin reforma política (y, tampoco) hay reforma de la vida ni reforma ética sin reforma de las condiciones económicas y sociales de la vida, y no hay reforma social y económica sin reforma de la vida y reforma ética”.

Claro y contundente. Desde esa perspectiva, “los ODS, son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos y todas (dado que) se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia”. Con ese marco contextual, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública es sustancial para la co-construcción de una sociedad incluyente que tienda, asimismo, a constituir una ciudadanía planetaria.

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta columna de opinión son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.

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