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El aumento sustantivo de la movilidad intrarregional, la progresiva transformación de la procedencia de la población en contexto de movilidad y la presencia de flujos masivos de desplazamiento en los últimos años han supuesto importantes desafíos para los Estados. Particularmente, en establecer las maneras en que las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas puedan ejercer sus derechos fundamentales. Entre estos derechos, el derecho a la educación emerge como una herramienta para proteger la dignidad humana, especialmente considerando su capacidad de promover la garantía de otros derechos y de constituirse, por tanto, en un derecho multiplicador. Un compromiso central de la Agenda 2030 adoptada por los Estados Miembros es “no dejar a nadie atrás”, por lo que considerar las necesidades de protección de las personas en situación de movilidad resulta urgente. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende de nuestra respuesta a este desafío mundial y regional.